San Mamés: que cada palo aguante su bandera

Dejémoslo claro: tan cierto es que la creación de la grada popular de animación supuso un gran avance para dinamizar San Mamés como que la “huelga” o suspensión de animación intermitente promovida por el grupo Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH) se ha convertido en un problema latente, cuando tal modo de protesta frente a la directiva de Jon Uriarte resulta una verdadera patada en el culo del equipo cuyo escudo se afirma defender. La fidelidad no se demuestra ignorando las prerrogativas y obligaciones del (podría llamarse) “contrato de animación”, y menos coaccionando a otros componentes de la grada que quieren mantener el apoyo a los jugadores, como éstos mismos han manifestado, lo que lejos de vituperio merece reconocimiento. Como ocurrió con los incidentes de Roma, no debería caber mayor vergüenza para un 'athleticzale' que tengan que ser los propios futbolistas los que te sonrojen. Y no digamos que el resto de la afición te acabe aislando.

Dicho lo anterior, y con la intención de aportar algo a la solución de esta enquistada situación, conviene detenernos en si hay razones para hablar (como hace ICHH) de “represión”, o si concurren aspectos que podrían mejorarse entre todas las instancias implicadas.

Recordaremos que son tres los tipos de responsabilidades que se dirimen aquí. En primer lugar, las infracciones deportivas, que establecen y aplican los entes organizadores de las competiciones, en este caso Federación (RFEF) y Liga. Por otro lado, están las infracciones administrativas, instruidas por la autoridad gubernativa competente, en nuestro ámbito el Gobierno vasco. Y, finalmente, la responsabilidad disciplinaria para personas socias en el seno del Athletic, que corresponde sustanciar a sus órganos estatutarios internos.

En el primer caso, sabemos que se vienen repitiendo multas impuestas por el Comité de Disciplina de la RFEF, dirigidas al Athletic, por cánticos ofensivos e insultos proferidos desde la Herri Harmaila. Estas sanciones las está pagando el club y no los responsables individuales, que poco pueden quejarse al respecto, aunque hay que recordar que a nivel disciplinario interno las conductas que suponen un daño deportivo, económico o de imagen para la entidad pueden conllevar sanción incluso de retirada de la condición de socio. Y hasta ahora no parece existir revocación judicial alguna de las resoluciones del club.

Sobre las sanciones federativas, sí que se comprueba una interpretación en exceso rigorista de la normativa en lo referente a la exhibición de signos, proclamas y banderas que no suponga estrictamente generar violencia o discriminación, y en ocasiones se limita la libertad de expresión, bien jurídico a preservar. Más claro: la enseña de banderas (oficiales o no), incluso la crítica a las autoridades, las reivindicaciones, no pueden considerarse comportamientos ilícitos cuando no superen el umbral de la incitación a la violencia, intolerancia, xenofobia o racismo que establece la ley. En eso el Athletic tiene un papel ponderador, en la aplicación concreta de las normas y protocolos de entes a los que pertenece y en los que (recordamos) tiene voz.

En materia de responsabilidad administrativa también hay margen de mejora. Los integrantes de ICHH aducen que las sanciones impuestas individualmente por el Departamento de Seguridad son anuladas por la Justicia (citando una decena de sentencias) y hay que señalar que ello obedece, en realidad, no al análisis jurisdiccional de las infracciones de fondo, sino a deficiencias procedimentales repetidas, de necesaria subsanación. Ello se le debe exigir a nuestra Administración, y no estrictamente al Athletic, si bien éste puede aportar criterio e intermediación, cosa distinta a la reclamada e injustificada asunción de defensa jurídica.

Finalmente, sería deseable que las intervenciones de control se sitúen en la seguridad privada del club, y que las identificaciones y registros eviten hacerse en las propias gradas cuando no se esté afectando directamente al orden público. En resumen, los responsables de conductas atentatorias al respeto a los demás, se llamen ICHH o no, no pueden pretender trascender las reglas del juego, pero su aplicación ha de hacerse con proporcionalidad, equilibrio y plenas garantías. Quienes hablan de represión han de ser privados de razones para esgrimirla. Que cada palo aguante su propia bandera.