El Supremo procesa al fiscal general por la filtración del correo de la pareja de Ayuso y le acusa sin pruebas de seguir “instrucciones” de Moncloa

El magistrado Ángel Hurtado ha decidido procesar y dejar al borde de juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo con la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez, que también dicta auto de procedimiento abreviado contra la fiscal provincial de Madrid, asegura que ese email tenía “información sensible” y va más lejos que en autos anteriores: el fiscal general actuó siguiendo “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” para “ganar el relato”. El auto, en más de medio centenar de folios, no aporta ninguna prueba concreta sobra esas “indicaciones” llegadas de Moncloa.

El juez desarrolla el relato que defiende desde sus primeros autos. Que Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez decidieron filtrar el correo en el que la pareja de la presidenta madrileña reconocía haber defraudado 350.000 euros en la noche del 13 de marzo de 2024 con el objetivo de contrarrestar las noticias falsas que se estaban publicando sobre el caso. Rodríguez, dice el juez, le proporcionó el correo y él se lo filtró, según el juez, a un medio de comunicación. La filtración, según el magistrado, además de ser delictiva y perjudicar a González Amador, “pone en cuestión el prestigio de la institución” que dirige García Ortiz.

El auto de procedimiento abreviado, que ahora queda a la espera de que las acusaciones soliciten previsiblemente la apertura de juicio oral, apunta directamente a la Moncloa: “Paralelamente”, dice el juez, desde la Fiscalía “se envió copia” de ese correo a Pilar Sánchez Acera, directora de gabinete de Óscar López en ese momento, “quien hizo uso de él” haciéndoselo llegar a Juan Lobato, entonces líder del PSOE en Madrid. Según el magistrado, “de Presidencia del Gobierno, se recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información de que pudieran disponer”. En otro pasaje del auto reconoce que el verdadero “detonante” para mover esa información fue la publicación de noticias falsas sobre el caso, “al margen de las indicaciones que pudiera haber recibido de Presidencia del Gobierno”.

La resolución llega ocho meses después de que el Tribunal Supremo abriera la causa contra el fiscal general después de medio año de diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una causa que llegó a tener tres imputados –la causa terminó archivándose contra Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica– y en la que han testificado 18 personas. Entre ellas el propio González Amador y su abogado, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, varios fiscales y trabajadores de la Fiscalía y una decena de periodistas.

Desde el principio del caso, el juez Hurtado ha mantenido la misma teoría y la misma sospecha: que en la noche del 13 de marzo de 2024 el fiscal general y sus colaboradores más cercanos obtuvieron del fiscal Julián Salto el correo en que González Amador se ofrecía a confesar su fraude fiscal de 350.000 euros para después filtrar el documento a la prensa. La prueba clave para Hurtado son los mensajes que la Guardia Civil encontró en el teléfono de Pilar Rodríguez, que no aportan datos sobre una posible filtración pero sí revelan con detalle cómo fueron los movimientos internos de la Fiscalía General para obtener esa información.

“El secreto seguirá siendo secreto mientras no lo desvele”

En este auto va un paso más allá y asegura que el fiscal general filtró esa información a la prensa siguiendo “indicaciones” de “Presidencia del Gobierno”. Sobre Pilar Rodríguez, que recientemente solicitó el archivo de la causa, el juez explica que no se limitó a dar el “visto bueno” al comunicado que emitió la Fiscalía sobre Gonzáalez Amador, sino que jugó un papel “determinante” aportando los correos, que ella defiende que hizo a través de una dación de cuentas y siguiendo órdenes sin autorizar ninguna filtración.

El magistrado pasa por encima de las testificales de media docena de periodistas que, en sus declaraciones, afirmaron que tenían la información sobre esas negociaciones de pacto horas antes de que llegara a manos del fiscal general. El juez se limita a explicar que en este caso “el secreto existe mientras su dueño no le quiera dar publicidad y el secreto seguirá siendo un secreto mientras no lo desvele”. Que el propio González Amador autorizara a Miguel Ángel Rodríguez a difundir otro correo de su caso, este firmado por el fiscal Julián Salto, no influye en la acusación que pesa sobre el fiscal general.

La versión que han dado desde el principio tanto el fiscal general como la fiscal provincial de Madrid es que recabaron la información del caso cuando, una vez denunciado, descubrieron que Alberto González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso. También que en la noche del día 13 de marzo sacaron al fiscal Salto de un partido de fútbol para que les pasara esos correos y poder emitir un comunicado con el que desmentir informaciones falsas sobre el caso que publicaban varios medios y difundía Miguel Ángel Rodríguez. Pero que nunca autorizaron que esa información acabara en manos de los medios de comunicación.