PSOE y Vox arremeten contra el PP y la Junta de Castilla y León por la reforma de la Ley de Publicidad Institucional

PSOE y Vox han denunciado que la Junta de Castilla y León y el PP “presionan” a los medios para frenar la Ley de Publicidad Institucional, que prevé limitar el gasto público en los medios para que solo supongan el 33% de los ingresos de los medios de comunicación, o que pretende nombrar y cesar a los altos directivos de la televisión concesionaria si la publicidad institucional supera el 50% de sus ingresos. Está previsto que todo el arco parlamentario apoye esta norma con el rechazo del PP, que ha alertado de que esta Ley “amordazará e intimidará” a los medios de comunicación, “vulnerando la libertad de expresión, de opinión y de prensa”.

El PSOE ha remitido una nota de prensa a los medios para denunciar estas “presiones” con tintes “mafiosos” de la Junta de Castilla y León para impedir que salga adelante la Ley de Publicidad Institucional. Vox, por su parte, ha señalado las similitudes entre un documento “que está llegando a los responsables de algunos medios de Castilla y León” y el “lamentable argumentario” del PP para “intentar paralizar” la tramitación de la Ley. Vox asegura que los Servicios Jurídicos de las Cortes descartaron la “supuesta inconstitucionalidad” de algunas de las enmiendas y ha considerado que el PP está en un “estado de pánico” ante “la posibilidad real de perder el control de los medios”.

“No vamos a participar de las maniobras de distracción de los promotores de este texto para tapar las consecuencias del mismo. Ellos son los responsables de esta iniciativa. No lo soy yo, ni los medios de comunicación, ni los periodistas de esta comunidad. Mi deber es cumplir y aplicar las leyes que aprueban las Cortes”, ha asegurado el director de Comunicación a elDiario.es.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado que el Observatorio de Medios ha reconocido la transparencia de la publicidad institucional, otorgando la máxima puntuación junto a Murcia (90 de 100), aunque ha reconocido que “todo se puede mejorar”. “Nuestra misión es garantizar la objetividad, pluralidad e intervenir en todas esas actuaciones. Entiendo la preocupación de medios y periodistas porque pueda afectar a su trabajo y libertad de prensa y a la censura que se pueda hacer”, ha manifestado ante los medios este jueves. Fernández Carriedo, quien, sin embargo, ha descartado valorar el fondo de esta Ley porque aún no se ha aprobado en el parlamento.

En concreto, los socialistas han cargado contra el director general de Comunicación del Ejecutivo autonómico por llamar a la prensa para transmitirles que, de salir adelante este texto, el futuro de algunos hilos “pendería del hilo” porque no solo limita la publicidad institucional de la Junta de Castilla y León, sino también del resto de Administraciones Públicas.

“Esta actitud con tintes 'mafiosos' no solo es éticamente execrable en una sociedad democrática, libre, plural y con libertad de prensa asentada, sino que juega con los intereses empresariales de los medios de comunicación intentando condicionarles a las puertas de una convocatoria electoral en la Comunidad”, ha recriminado el Grupo Socialista a través de un comunicado, que asegura que el texto solo atañe a la publicidad institucional autonómica.

Para los socialistas, esta ley “aporta equilibrio y transparencia”. “No están en juego las partidas presupuestarias para esa publicidad que es de interés social, sino el reparto sectario y subjetivo. No está en debate si debe o no debe haber publicidad institucional a la prensa sino, por ejemplo, la concesión de la misma a medios condenados por la publicación de las llamadas fake news o cuyos propietarios hayan sido condenados”, subraya el PSOE, que garantiza que llegará “hasta el final” para evitar que el PP “siga manoseando” la prensa “libre y plural” de Castilla y León.

El Grupo Socialista también ha aludido a las listas de periodistas elaboradas en 1989 y que se le atribuyen a Miguel Ángel Rodríguez cuando José María Aznar fue presidente de la Junta de Castilla y León. “Está claro que el señor Mañueco está al tanto de todo lo que está ocurriendo porque el director de Comunicación es una persona muy cercana y de su absoluta confianza”, aventuran los socialistas.

La Ley también incluye unos cambios normativos del funcionamiento de la concesión de la televisión autonómica, ahora en manos de Televisión Castilla y León. Una semana después de que se reuniera la Comisión de Seguimiento de la TDT y se aprobaran dos partidas de 23,4 millones de euros anuales para Televisión Castilla y León, Fernández Carriedo ha explicado que esta decisión aún debe pasar por los servicios jurídicos y de reserva de crédito “yu no ha dado tiempo” a llevarlo al Consejo de Gobierno de este jueves.