Tres candidatos aspiran a sustituir a Emilio Moya al frente de la Audiencia de Las Palmas: estas son sus propuestas

La etapa del magistrado Emilio Moya al frente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, marcada en buena medida por el escándalo que acabó con la condena de su hasta entonces compañero en la Sección Sexta Salvador Alba, llega a su fin. El actual presidente accedió al cargo en 2013 y lo revalidó en 2018 sin que le pasara factura el llamado Albagate, la grabación que destapó la conspiración para acabar con la carrera judicial de Victoria Rosell. Y es que en la parte final de esa conversación también participa el propio Moya, a quien se escucha dar el beneplácito. “Bueno, pues nada, para adelante”, decía al empresario que le contó las intenciones del magistrado ahora condenado.

Ahora son tres los candidatos a sustituir a Moya: María Auxiliadora Díaz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria; José Antonio Morales, magistrado de la Sección Tercera (civil) de la Audiencia Provincial, y Miguel Ángel Parramón, presidente de la Sección Primera (penal) del mismo órgano. 

Los tres aspirantes a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas comparecieron este martes ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo, resoluciones relevantes y su proyecto. 

Todos ellos coincidieron en situar como el principal problema de este órgano judicial la sobrecarga de trabajo y la alta pendencia (procesos pendientes de resolución), principalmente en las secciones civiles, pero también en las penales. Este es un resumen de la intervención de los magistrados ante la comisión calificadora del Poder Judicial. 

María Auxiliadora Díaz 

La magistrada comenzó su comparecencia aludiendo a una “convicción” que le acompaña desde el inicio de su carrera judicial en el año 2001: “Nuestras instituciones judiciales no sólo pueden, sino que deben responder con agilidad, cercanía e innovación a las necesidades de las ciudadanía. El primer destino de Díaz fue un juzgado de instrucción y primera instancia de Güimar, de donde pasó a Arucas (partido judicial en el que llegó a ser decana) y, posteriormente, a Telde, donde ejerció en un juzgado mixto con funciones exclusivas en violencia de género, materia en la que se ha especializado. De hecho, desde hace 16 años ocupa el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de la capital grancanaria, tarea que ha compatibilizado con sustituciones voluntarias en la sección penal de la Audiencia de Las Palmas y en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Durante su intervención, la magistrada destacó, entre otras, su experiencia como codirectora del curso ‘online’ de formación continua ‘Juzgar con perspectiva de género’ o de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), así como su participación en congresos internacionales en materia de justicia, género e igualdad. Destacó, entre otras, su reciente asistencia al comité para la eliminación de todas las formas de discriminación de las Naciones Unidas en Ginebra, “aportando mejoras” a las recomendaciones sobre estereotipos de género. 

En el apartado de resoluciones relevantes, citó un procedimiento con una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que tuvo la consideración “desde el minuto 1” como víctima de violencia de género, con competencia para los juzgados especializados en esta materia, “con su marco de protección”. Esta decisión implicó, según Díaz, que la víctima “no se encontraba sometida a los requisitos que establece la Ley de Extranjería ni a la incoación de un procedimiento de expulsión ni al hecho de que tuviera que denunciar en el plazo de noventa días”. También aludió a otras diligencias que permitieron la detención de un hombre en Rumanía y el regreso de la mujer víctima y de su hijo de tres años a España. 

En relación con el plan de actuación, Díaz quiso remarcar el “sobreesfuerzo” de los magistrados y magistradas de la Audiencia de Las Palmas para abordar la alta tasa de litigiosidad en Canarias, la más alta de toda España. De esta manera, recordó que en 2024 las secciones civiles del órgano provincial cerraron con 8.584 asuntos pendientes, mientras que las penales arrastraron 1.265. Estas cifras, recordó, “representan más del 130% del número de entradas” (de procedimientos judiciales a la Audiencia). 

Para la candidata, la nueva ley de eficiencia de la justicia supone una “gran oportunidad” para resolver estos problemas. Díaz solicita la incorporación de “dos o tres plazas” de magistrado para descongestionar la sección civil. “Es necesario adoptar medidas de inmediato para reducir la pendencia y lo mismo cabe decir respecto de la sección penal, sobre todo en la sección especializada de violencia de género”, ha dicho ante la comisión. 

La magistrada señala que la mediación, la conciliación y la justicia colaborativa deben ser “herramientas habituales” como mecanismos de “solución de controversias”, en especial en los ámbitos civil y mercantil. También quiere fomentar la especialización de las secciones y estudiar la creación de una nueva sección en materia de infancia y adolescencia. 

En el ámbito de la digitalización, Díaz aspira a implantar un sistema con código QR que permita la consulta segura de documentos judiciales desde dispositivos móviles y facilite la “trazabilidad” del expediente, así como a poner en marcha un sistema de reparto automatizado que asigne ponencias “con criterios objetivos y transparentes”. 

La jueza se muestra partidaria también de que los magistrados sigan acudiendo de forma periódica (“por lo menos, una vez cada quince días cada sección”) a las islas no capitalinas (Lanzarote y Fuerteventura) a la celebración de juicios; de crear una red de formación continua, y de fomentar las buenas prácticas y las perspectivas de género al juzgar. “A cambio, nuestra sociedad recibirá una justicia más rápida, con menos vistas suspendidas, menos esperas en los pasillos, una justicia accesible que podrá seguirse desde cualquier punto del Archipiélago y, sobre todo, una justicia cercana, porque la transparencia y la rendición de cuentas generan confianza en los justiciables”, ha concluido. 

José Antonio Morales

“Conozco de primera mano los problemas que aquejan a este territorio tan especial, fragmentado y alejado de la Península”. José Antonio Morales acumula 33 años de una carrera judicial que ha desarrollado de manera íntegra en Canarias. Ingresó en 1992 y su primer destino fue un juzgado de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario. Luego estuvo en Telde, Guía y, finalmente en Las Palmas de Gran Canaria. Desde 2015 ejerce en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el órgano que aspira a presidir. 

En su intervención ante la comisión calificadora, Morales destacó también su experiencia gubernativa, al haber sido decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria (en 2013) y miembro electo de la Sala de Gobierno (de 2014 a 2024), además de colaborar con el Consejo General del Poder Judicial y de pertenecer, desde 2004, a la Red Española de Cooperación Judicial Internacional. “He participado como juez en numerosos proyectos internacionales en materia de justicia, como director o experto”, ha señalado el magistrado, que no ha especificado en esta comparecencia resoluciones relevantes. 

Morales ha recordado que Canarias lleva cinco años siendo la comunidad con mayor tasa de litigiosidad de todo el Estado, cuestión que “no es ajena” a la Audiencia de Las Palmas. Se ha declarado “fiel defensor de la no existencia de secciones permanentes desplazadas en las islas no capitalinas” y sí del traslado periódico de los magistrados. 

El aspirante considera “adecuados” los medios materiales con los que cuenta la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. “Cosa distinta ocurre con las cargas de trabajo”, ha dicho antes de precisar que la pendencia actual en las secciones civiles supera los 4.000 asuntos, una cifra “inasumible y que atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano”. Por ello, plantea la creación de una cuarta sección en el ámbito civil o la incorporación de un magistrado en cada una de las secciones ya existentes, “subdiviendo en dos ternas de magistrados”, un sistema de trabajo que, en su opinión, “crea una sinergia que la experiencia ha demostrado muy productiva y eficaz”. 

También propone otra plaza de magistrado para las secciones penales; fomentar la unificación de criterios entre las distintas secciones convocando juntas de magistrados; implantar un nuevo modelo organizativo; fomentar la mediación intrajudicial en segunda instancia, creando un servicio de mediación de rango provincial, o, en materia penal, “impulsar un protocolo de conformidades, también a nivel provincial”. 

Miguel Ángel Parramón

El tercer candidato en comparecer ante la Comisión de Calificación del Poder Judicial fue Miguel Ángel Parramón, el magistrado con la trayectoria judicial más extensa de entre los que aspiran a sustituir a Emilio Moya al frente de la Audiencia de Las Palmas. Es secretario judicial en excedencia e ingresó en la carrera en 1989. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Boi de Llobregat, en Barcelona. Un año después, aterrizó en Las Palmas de Gran Canaria, en el Juzgado de Instrucción 7, donde permaneció hasta 2007. Desde esa fecha y hasta ahora ha ejercido como presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el ámbito penal. 

Parramón remitió a su currículo para evitar extenderse sobre su actividad docente y formativa, pero sí quiso destacar que fue miembro de la Sala de Gobierno desde 1999 hasta 2004 y juez decano de Las Palmas de Gran Canaria de 1999 a 2004. A juicio del aspirante, estas funciones gubernativas y representativas del colectivo judicial son relevantes porque le permitieron participar de forma activa en hitos como la creación del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de guardia 24 horas de los juzgados capitalinos o de la propia Ciudad de la Justicia, “que puso fin a la dispersión de sedes judiciales, con los problemas que suponían para los profesionales y la ciudadanía”. 

En cuanto a su programa de actuación, Parramón incidió en la necesidad de promover “una justicia más eficaz” y que ofrezca una respuesta “lo más adaptada posible” a las necesidades de la ciudadanía. Para ello, propone un nuevo sistema organizativo para mejorar “la eficacia y eficiencia” del servicio público. En el orden penal, plantea la creación de un nuevo “servicio de ejecutorias” y de otro específico para la “tramitación de procedimiento del tribunal de jurado”, dado que “requieren de una especialización”. 

El magistrado considera también necesario que la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas se especialice en violencia contra la infancia y adolescencia, aprovechando el camino que ha abierto el primer órgano con competencia exclusiva en esta materia en toda España, el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. 

En el ámbito civil, Parramón plantea la creación de servicios especializados en asuntos de familia y discapacidad, así como en temas “calificados como urgentes, como puede ser en estos momentos la vivienda”, para asegurar una respuesta judicial “rápida y eficiente”. 

En su intervención de este martes, el magistrado también abogó por promover “un protocolo de digitalización y tramitación del expediente electrónico” y por implantar medidas “para hacer frente a la sobrecarga de trabajo y a la alta tasa de pendencia” mediante la creación de nuevas unidades judiciales, tanto en la sección de lo civil como de lo penal, y, de manera temporal hasta que se constituyan, a través de comisiones de servicio. 

Al igual que los otros dos candidatos, Parramón se ha mostrado partidario de favorecer los desplazamientos de los magistrados a las islas no capitalinos para los juicios, aunque advirtió de que estos traslados suponen “un especial sobreesfuerzo para los integrantes del órgano que se desplaza que no se ve suficiente retribuido”. Por ello, asume el compromiso de “implicarse en la mejora” de esas retribuciones “si así fuera posible”. 

El candidato finalizó su intervención destacando algunas de las resoluciones más relevantes de su trayectoria profesional. Entre ellas, citó el auto de procesamiento del denominado caso Kárate, que instruyó. Parramón recordó que en esa causa, sobre abusos sexuales a menores de trece años, fueron investigadas seis personas y se tomó declaración a más de 60 víctimas y a más de 170 testigos. “Todo ello en un entorno muy mediático”, recordó.