La justicia da la razón a los ecologistas que denunciaron un presunto delito de prevaricación en el Barranco de La Mina

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en un auto emitido el pasado día 24 de abril de 2025, estima el último recurso de apelación interpuesto el pasado año contra la sentencia que desestimó la denuncia interpuesta por el colectivo ecologista Turcón - Ecologistas en Acción por un presunto delito de prevaricación en el desvío de aguas del Barranco de La Mina, en La Vega de San Mateo, Gran Canaria. Con ello, se reabre el procedimiento en la jurisdicción penal.

Según el colectivo ecologista, la Audiencia Provincial de Las Palmas considera que el auto de archivo del juzgado “sigue sin dar respuesta a la mayoría de las alegaciones del recurso de reforma, en el que ya se destacaban las deficiencias del auto de sobreseimiento, algo que no puede tolerarse más aún tras el dictado de la anterior resolución de esta Sala”.

El auto, relata Turcón, añade que “tanto lo relativo al uso de las subvenciones concedidas, la falta de práctica de diligencias, el incumplimiento de las condiciones de la autorización administrativa para el entubamiento, según el cual se debía garantizar la libre circulación de agua por el Barranco de La Mina de al menos 25 litros por segundo, la posible ilícita captación de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, en definitiva toda una serie de cuestiones plasmadas en los distintos informes obrantes en autos, han sido omitidos por segunda vez, o tercera si contamos el auto de sobreseimiento, no respondiendo en definitiva la instructora a ninguna de las alegaciones de la recurrente”.

El Colectivo Turcón-EeA insiste en señalar que “el alarmante desequilibrio que sufre el Barranco de La Mina es por la reducción de su caudal ecológico, porque la Heredad de Aguas Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca realizaron un entubamiento y desvío de las aguas que discurrían libremente por el barranco desde la cumbre hasta los Lavaderos de Utiaca, lo que suponía un atentado al sistema natural de la zona afectada y un presunto delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (desvío de Aguas Ecológicas de su curso), por lo que se ha considerado que había indicios racionales de la comisión de un ilícito penal, en relación con el Capítulo III del Título XVI del Código Penal art 325 a 331, bajo el título de Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que regula una serie de tipos que tienen como finalidad la protección penal del medio ambiente y el equilibrio de las condiciones ecológicas”.

Asimismo Turcón-EeA, señala los informes que constan en el expediente jurídico, emitidos por el Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Protección de Naturaleza de la Consejería de Agricultura y la inspección realizada por el personal técnico adscrito a dicha Dirección General, que concluyó que “se ha modificado la entrada de agua de la tubería, de forma que en la actualidad se sitúa a una cota inferior a la del aliviadero de la arqueta, desviándose la totalidad del agua a la tubería sin que circule agua por el barranco de La Mina”. El colectivo añade que de esta forma se incumple el condicionante del estudio detallado de impacto ecológico en que se debía garantizar la libre circulación de agua por el Barranco de la Mina de al menos 25 litros por segundo.

Finalmente, y en relación con el supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, Turcón-EeA manifestó ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que la Heredad subvencionada no restauró el caudal de agua por el que cobró varias subvenciones. En los folios que constan en el expediente jurídico, realta el colectivo, el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria concedió dos subvenciones (por importes de 152.628,40 euros y 50.000 euros) que no tuvieron el destino para los que se otorgaron esos fondos públicos.

Turcón considera que esto apunta, según informes de la Guardia Civil, a una posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, a lo que se suma la posibilidad de haber incurrido en un delito de prevaricación de varios autores del delito público. 

Lucha por el agua

En Gran Canaria pocos barrancos llevan agua continuamente: Guayadeque, La Mina, Cernícalos y Azuaje, recuerda Turcón. Esas aguas crean unos cauces ecológicos y ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Las administraciones públicas y la Justicia han ido reconociendo este valor social y ambiental del agua “libre”. Así, el Colectivo Turcón ganó en los tribunales de justicia la defensa del agua libre en los barrancos de Cernícalos y de Guayadeque.

“Hoy día estos emplazamientos son referentes de conservación y pocos se acuerdan de las intenciones para entubar y desviar las aguas. El barranco de La Mina no se libra de esta batalla, y en el año 1994, la Heredad de Aguas presentó solicitud y proyecto para aprovechamiento de aguas del barranco de La Mina y su desvío a la presa de La Siberia, T.M. de la Vega de San Mateo”, explica la organización.

Muchas personas sensibilizadas con la riqueza de La Mina han luchado para que esto no fuera posible. Aunque las tuberías y canales están ahí, en ocasiones se desvían las aguas y dejan al barranco seco, prosigue. “La lucha del Barranco de La Mina generó un gran movimiento social y vecinal en torno al pueblo de Utiaca y La Yedra, en contra del entubamiento y a favor de los caudales ecológicos. La lucha sigue viva”, insiste Trucón.