Los ediles expulsados del PSOE de Santiago piden a Sánchez que revise su expediente, firmado por Santos Cerdán

Los cuatro concejales purgados del PSOE de Santiago tras su enfrentamiento con la dirección local del partido han pedido por carta a Pedro Sánchez que la auditoría externa anunciada por él mismo como secretario general incluya la revisión de su expediente de expulsión, firmado por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, quien dimitió tras el informe de la UCO que lo implica en una supuesta trama de mordidas. Los ediles, que ven el proceso plagado de irregularidades, contrapusieron además la “celeridad” de la actuación en su contra —que tardó menos de tres meses en pasar de expulsión provisional a definitiva— con la calma con la que se gestionó el caso de José Luis Ábalos, consumado este mismo lunes, 16 meses después de su apertura.

En una carta pública, las concejalas Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, junto al edil —y exportavoz del grupo— Gonzalo Muíños lamentaron la imagen “decepcionante” trasladada por el que “hasta hace bien poco” era su partido, del que insisten que fueron expulsados “injustificadamente”.

En ese escrito, recuerdan que Cerdán fue quien firmó “finalmente” su expulsión, que había sido ratificada por una delegación del Comité de Ética y Garantías del partido. Recuerdan que no se convocó a todo el Comité, sino sólo a dos de sus integrantes “para acelerar la decisión de expulsión”, algo que no sucedió en el caso del antiguo número dos del PSOE, José Luis Ábalos.

Los expulsados, que ya habían enviado una carta anterior a Pedro Sánchez, sin obtener respuesta, le escriben de nuevo tras conocer que se realizará una auditoría externa de las cuentas del partido, ya que entienden que también “se revisarán las actuaciones que ejecutó el ya exsecretario de Organización”. Por eso, quieren que ahí se incluya su expediente de expulsión y “las irregularidades” producidas tanto en su tramitación como “en los intentos previos de deslegitimación del Grupo Municipal Socialista” e incluso más allá: en la elección del secretario xeral local, Aitor Bouza y de su Comisión Executiva Municipal, integrada por él mismo, su número dos, Marta Álvarez-Santullano, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

Unos días antes de la elección de los integrantes de ese órgano, según el escrito, se produjo una “afiliación masiva de dudosa legalidad, con 35 nuevas altas y ”traslados simultáneos“ de nuevos militantes al partido en Santiago, lo que supondría más de un 10% del censo total. La secretaria de Organización saliente del partido en la ciudad, Carmen Fernández Morante, informó por correo electrónico a Ferraz de esta situación ”anómala“ que provocó ”una alteración de facto del censo antes de los procesos orgánicos“. Ese correo ”nunca“ obtuvo respuesta.

Los ediles, hoy no adscritos, señalan a Bouza o Santullano como “promotores” de esa afiliación masiva de la que, según dicen, no sólo eran conscientes el instructor de su expediente o el secretario provincial del partido en A Coruña, Bernardo Fernández, sino también el propio Santos Cerdán ya que, en las alegaciones contra su expulsión, incluyeron “las pruebas documentales que así lo demostraban”. “Ninguno de estos cargos del partido consideró relevante investigar este suceso” —algo que ahora le piden a Sánchez que sí haga—, un hecho que no sólo “pone en cuestión” la elección de la Comisión Executiva Municipal; también la “expulsión arbitraria” promovida contra los cuatro ediles.