El Consejo Económico y Social reprocha al Gobierno de Cantabria que no haya solicitado su informe para la Ley de Participación

La presidenta del Consejo Económico y Social de Cantabria (CES), Carmen Sánchez Morán, ha reprochado que el Gobierno de Buruaga no haya solicitado el preceptivo dictamen al organismo que preside sobre el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, “lo cual resulta ciertamente sorprendente teniendo en cuenta que dependemos de la Dirección General de Participación Ciudadana”, ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el artículo 6 de la ley que regula el CES “dice expresamente que se tiene que pasar a este organismo para dictamen o informe todos los anteproyectos de ley que tengan un contenido económico, social o laboral”. “El contenido social de esta ley es innegable”, ha insistido.

El Consejo de Gobierno aprobó este documento en diciembre de 2024 y ahora está en tramitación parlamentaria donde, como es habitual, los grupos parlamentarios han solicitado comparencias de expertos para analizar el borrador del texto legal.

El representante de Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, el diputado Cándido Cobo, se ha mostrado “lógicamente sorprendido” -ha dicho- de que no se le haya “participado o consultado sobre la existencia de esta normativa”. “Si que entiendo que ustedes tienen sobrados conocimientos de la norma a través de cualquier tipo de proceso de participación en la fase de exposición”, ha justificado.

Sánchez Morán ha comenzado su intervención en la ronda de comparecencias de la Comisión Parlamentaria que tramita la futura Ley subrayando que considera que el Consejo “es el cauce preferente a través del cual puede llegar a los gobernantes la participación ciudadana, dado que estamos conformados por un amplio espectro de entidades de nuestra sociedad”.

En el turno de diez minutos para analizar la ley ante los diputados cántabros en la Comisión de Presidencia, la responsable del CES ha explicado que al no haber podido emitir un informe escrito “porque no se ha solicitado, poco puedo decir de lo que opinan el resto de miembros que componen nuestro Consejo”.

La presidenta ha explicado que nada más recibir la convocatoria para participar en la sesión parlamentaria ha convocado un Pleno “pero no hemos tenido la oportunidad de estudiar en profundidad la Ley”. Además, ha denunciado que carecen “constantemente” de los medios materiales y humanos para poder desarrollar su función, “que no es solamente informar todos los anteproyectos de ley que tengan relación con la economía y el desarrollo de la sociedad, sino que según la ley tenemos la oportunidad de estudiar y emitir informe”. Asímismo ha recordado que también pueden solicitar al Gobierno y al Parlamento cualquier necesidad de la sociedad cántabra, “de manera que a través de nuestra petición se pueda desarrollar un proyecto de Ley”.

Sánchez Morán ha reiterado que el CES carece de los medios para realizar la función de emitir informes a iniciativa propia. “Entre otras cosas porque se nos solicita constantemente informar anteproyectos” -ha explicado- “esta misma tarde tenemos un pleno para informar sobre otro anteproyecto de Ley, la Ley de Transporte Marítimo”.

Informe favorable con recomendaciones

En relación al proyecto ha subrayado que “debe alentarse y fomentarse” la participación ciudadana en la gestión pública y que, por ello, el Consejo Económico y Social considera importante “que llegue a buen puerto y alcance la categoría de ley”. “Aun sin haberlo podido estudiar en profundidad”, ha remachado.

No obstante, considera que plantea algunas carencias. Una la propia denominación del proyecto: participación ciudadana y gobierno abierto de Cantabria. “Este proyecto a pesar de su denominación ni define el concepto de gobierno abierto ni lo desarrolla fuera de una escueta mención en su artículo 3”, ha cuestionado. Sánchez Morán ha añadido que si el Gobierno de Cantabria quiere ser abierto “debe demostrarlo y ello no se consigue solamente con una norma enunciativa”.

Además, el CES recomienda reducir la edad mínima de participación ciudadana a los 16 años y mayor precisión en el artículo 14 sobre los procesos de participación deliberativa que tal y como está planteado “parece desprenderse que no se permite participación a la ciudadanía”, que la voluntad de la convocatoria recae exclusivamente en la administración. “Quien puede mostrarse renuente y poco proclive a dar uso a esta herramienta”, ha concluido. A pesar de no haber dispuesto de tiempo, el CES ha dado el visto bueno al anteproyecto con estas matizaciones que ha comunicado en la Comisión.