PNV y PSE-EE cuelan una reforma de la RGI en la ley de vivienda para que no se abone sin “título válido” en una casa

La ley registrada por PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco para adoptar medidas “urgentes” en materia de vivienda incluye también una disposición adicional que retoca la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos, de diciembre de 2022. La conocida como RGI es el salario social de quienes no tienen recursos o el complemento de nóminas y pensiones precarias, 59.000 familias en total. En concreto, blinda que nadie sin “título válido” de uso de una casa, sea en compra o en alquiler, pueda acceder a las prestaciones sociales. Colectivos sociales como Argilan-ESK interpretan que esta medida, precisamente, entorpece el acceso a ayudas a quienes viven en régimen de subarriendo, con fórmulas alegales o incluso ocupando un espacio vacío.

Aunque la ley formalmente es de los grupos parlamentarios de PNV y de PSE-EE, está claramente coordinada por el Gobierno de Imanol Pradales. Se ha elegido que lo presenten los partidos para ahorrar trámites e informes -jurídicos, económicos o de género- y que esté en vigor a finales de 2025. De hecho, el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, explicó a los periodistas en una comparecencia que la disposición sobre la RGI fue una “petición expresa” de su colega el vicelehendakari Mikel Torres, también socialista y responsable de Economía, Trabajo y Empleo, la cartera que gestiona las prestaciones sociales.

La disposición responde claramente a una sentencia emitida en marzo por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tras un recurso de Argilan-ESK, de ELA, de Berri-Otxoak y del Sindicato Socialista de Vivienda, quedó anulada una disposición del decreto de 2023 que desarrollaba la ley de la RGI de 2022 para exigir el “título válido” de uso de un alojamiento a la hora de solicitar las prestaciones. El Gobierno vasco interpreta no que la sentencia anulara la medida en sí sino la forma en la que fue aprobada. De hecho, el fallo aludía a que se necesitaba una habilitación legal para introducir esas limitaciones. “Si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa ni ha habilitado al reglamento para tal desarrollo o precisión, el reglamento no puede introducir 'ex novo' un requisito subjetivo de titularidad posesoria del marco físico objetivo, disfrazándola o enmascarándolo como un requisito de lo que haya de considerarse domicilio”, se podía leer en el fallo.

El nuevo texto de PNV y PSE-EE meterá por esta vía interpuesta un nuevo apartado en el artículo 13 de la ley de 2022 que recoge palabra por palabra el párrafo eliminado por la Justicia en el reglamento. También, con fines similares, una acotación sobre las “unidades de convivencia” o familias, los grupos de personas que conviven de modo regular sea cual sea su estatus o relación de parentesco. “La resolución decía que dicho requisito debe constar en la propia ley, por lo que este departamento ha incorporado este requisito en la ley”, apuntan desde el área de Torres, que llegó al cargo hace un año, es decir, después de la aprobación de la ley y del reglamento, pero que hace suya la hoja de ruta de su predecesora, Idoia Mendia.

“La vía utilizada para incluir el artículo considerado nulo por la sentencia del Superior de finales de 2024 a través de la ley de Vivienda es una iniciativa torticera del Gobierno vasco, que no se ha atrevido a abrir el melón de la ley de 2022 pues sabía que el malestar que se ha ido acuñando en los 27 meses de gestión de la nueva legislación de la RGI le iba a estallar en plena cara”, interpretan, de su lado, desde Argilan, plataforma especializada en la atención de perceptores de prestaciones y vinculada al sindicato ESK.

Con todo, este colectivo tiene aún “esperanza” de que sea posible “evitar que se incluya este cambio”, aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tiene una holgada mayoría absoluta en la Cámara. Según Argilan-ESK, el objetivo “único y exclusivo” de este cambio legal por la puerta de atrás es “limitar el acceso a la RGI a las personas más vulnerables de la sociedad”. “A aquéllas que no tienen ninguna capacidad para enfrentarse a caseros egoístas y usureros que les obliguen a pagar un precio por títulos válidos en derecho para tener una residencia, cuando ahora con el simple empadronamiento (cosa que tampoco suele salir gratis) ya es requisito suficiente para tener derecho a la RGI”, entienden. Agregan que desde que los tribunales anularon esa limitación “ni se ha producido ninguna inseguridad jurídica de las personas propietarias de pisos en alquiler, ni ha aumentado el fraude ni nada de nada”.

Lamenta Argilan-ESK que en el debate sobre el alcance de la RGI, que es un derecho en Euskadi desde 2008, están calando poco a poco “la aporofobia y la xenofobia”. “El Gobierno vasco se ha apuntado a echar más leña al fuego desatado para sembrar la guerra de los anteúltimos contra los últimos de las personas vulnerables de nuestra sociedad. En Argilan-ESK haremos todo lo que esté en nuestra mano por evitar que esta guerra se extienda a través de la RGI y seguiremos defendiendo un modelo de renta básica incondicional, que haría imposible este tipo de problemas que se generan con modelos caducos de subsidios condicionados como es la RGI”, agregan desde esta organización.