El nivel de privatización de la Sanidad vasca complica la firma de un pacto de salud en Euskadi

El peso de la privada en la Sanidad vasca puede terminar por arruinar el pretendido “pacto de salud”, uno de los objetivos estratégicos del arranque de la legislatura de Imanol Pradales. A pesar de que desde hace meses se viene dando por hecho la existencia de ese consenso -incluso en la cartelería de las reuniones se presenta ya como “pacto”-, la mesa que sienta al Gobierno con partidos, sindicatos, patronal, universidades, colegios profesionales y otros agentes, reunida por décima vez este miércoles, muestra posiciones “irreconciliables” en torno a lo que una parte llama “colaboración público-privada” y otra parte “privatización” a secas. Este miércoles, de hecho, el Ejecutivo y el PNV, como partido, han echado para atrás una propuesta de refuerzo de la publificación aprobada por la mayoría de participantes en el subgrupo específico para tratar esa materia y que había sido refrendada con los mecanismos fijados por el propio Gobierno para trabajar.

En la reunión del subgrupo sobre “colaboración público-privada” los partidos EH Bildu y Sumar, los sindicatos Satse, LAB, CCOO y UGT y el Colegio de Trabajo Social sacaron adelante un texto que plantea “revertir” externalizaciones y “limitar la privatización de nuevos servicios a situaciones excepcionales”. En la votación participaron nueve partes, con siete votos a favor y solamente dos en contra. La coordinadora de ese grupo, la alto cargo Olatz Bolinaga, directora de régimen jurídico y económico del Departamento de Salud, ha explicado que la reunión fue muy larga -iba a ser de una hora y se estiró hasta cuatro- y que muchos de los participantes no pudieron votar. Ha venido a decir que el resultado de la votación no es concluyente y ella misma, a diferencia de los otros coordinadores de los grupos de trabajo, no ha defendido el dictamen aprobado al asegurar textualmente que no es posible una “publificación” general como se plantea.

La mesa ha tenido tres fases desde que arrancó sus labores en septiembre. La inicial elaboró un diagnóstico y precisamente el estado de la cuestión sobre el peso de la privada en Euskadi fue un punto crítico. Después se fijaron principios y valores. Esta tercera fase, la definitiva, es la de las medidas para mejorar Osakidetza, convertida en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Salud ideó crear 24 subgrupos de trabajo, cada uno con un “dinamizador” propuesto por la propia Osakidetza. Inicialmente se prometió tener el pacto en marzo y ya se acumula un retraso de tres meses. Lo ha admitido antes de la reunión, la décima, el propio consejero Martínez, aunque siempre ha defendido que es mejor ir más lento pero hacerlo de un modo eficaz y seguro.

Prácticamente como un patrón cada día en que se ha juntado la mesa el consejero ha anunciado que había grandes consensos y acuerdos. Sin embargo, en realidad han aparecido posturas diferenciadas en materias como salud mental o la exigencia del euskera en Osakidetza, según fuentes internas. Y, sobre todo, las hay en lo tocante a las privatizaciones. Fuentes del Gobierno recalcan, por un lado, que no hay sistema más público que el vasco, con apenas un 6% de gasto sanitario externalizado. Y, por otro lado, aseguran que la propuesta planteada por partidos y sindicatos de izquierda es irrealizable porque “no se puebe publificar todo”, incluso las obras de centros de salud. Sin embargo, los propios proponentes rechazan que sea así la literalidad del texto, que apunta a acotar las privatizaciones a casos “excepcionales”. Jon Hernández, de Sumar, ha ejercido de portavoz de ese grupo y ha afeado que se haya echado para atrás una propuesta refrendada de forma “democrática” solamente porque al Gobierno y al PNV no le gusta.

A lo largo de la mañana, de boca de cargos de Salud se ha admitido que sobre la mesa hay “posiciones muy diferenciadas y en algunos casos casi antagónicas”, en palabras de la propia Bolinaga. El Gobierno ha intentado sustituir el acuerdo de la mesa de trabajo por una redacción alternativa “integradora”. Pasaría por garantizar que el gasto en privatizaciones se quede por debajo del 6%, como hasta ahora, y en entregar un informe sobre la materia en abril de 2026, en la que se pretende que sea la primera reunión de seguimiento del pretendido pacto. El PSE-EE, socio del PNV, también ha lanzado su propio planteamiento para intentar tender puentes y que plantea recurrir a la “colaboración público-privada” solamente cuando aporte “valor añadido”.

Tras casi cuatro horas de reunión con discusiones tensas -una fuente ha explicado que se ha reprochado a EH Bildu, la organización más fuerte del bloque, que quiera la publificación de Osakidetza cuando externaliza servicios en sus ayuntamientos-, Martínez ha comparecido ante los periodistas para rebajar el alcance de las discrepancias y asegurar, textualmente, que “el consenso está más cerca que nunca”. Ha señalado que simplemente hay “diferencias de interpretación” y que la reunión ha estado presidida “por un espíritu de consenso”.

Según el consejero, este pacto no va de votaciones, sino de “mínimo común denominador”. Si fuera por votaciones, ha recordado, el Ejecutivo podría hacer uso de su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar lo que quisiera. Ha aprovechado para recordar el dato de que Osakidetza “es el sistema público más público” y que la cara y ojos de las entidades privadas que “colaboran” es la de Matia, Cruz Roja o las asociaciones de pacientes. “Soy optimista. Hay una percepción de ganas de pacto [...]. El 27 de junio vamos a tener un pacto de salud”, ha garantizado.

Su mano derecha, la viceconsejera, Lore Bilbao, ha llevado a términos numéricos el disenso. Hay 160 medidas acordadas y solamente hay una que enfrenta a las partes, de modo que “es menos de un 1% de desacuerdo”. Ella también ha aludido, además, a “desavenencias de redacción” más que a diferencias de modelo en su intervención ante los medios de comunicación.

Hernández, de Sumar, el único de los discordantes que ha comparecido a lo largo de la reunión, ha insistido en el problema de fondo y ha criticado que se persigan textos tan genéricos que sirvan “para sostener unas políticas y las contrarias”. “Si no hay una apuesta clara, blanco sobre negro, de defensa del sistema público, nuestra coalición no va a estar”, ha resumido. Otras organizaciones como ELA o ESK ya se desmarcaron de esta mesa por motivos similares casi al arranque del proceso. El viernes 27 de junio es el momento límite para cerrar un acuerdo, según el calendario del propio Gobierno. Hasta entonces, el Ejecutivo ve margen para intentar una solución consensuada.