La UCO vincula 200.000 euros en fajos con las 24 visitas a una caja de seguridad del excargo socialista imputado en 'Azud'

La esposa de Rafael Rubio, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València y ex subdelegado del Gobierno, afirmó ante la jueza del 'caso Azud' que en la época en que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, su marido habría cobrado supuestas comisiones de la presunta trama, ella heredó 330.000 euros, lo cual explicaría los ingresos en metálico que registraron las cuentas bancarias que ambos compartían. Sin embargo, un nuevo informe de la UCO remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de València sospecha que el excargo del PSPV-PSOE habría obtenido presuntas comisiones ilícitas de entre 300.000 y 750.000 euros del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la causa, en el marco de la 'operación colegios', una de las derivadas de la supuesta trama corrupta.

Además, la unidad de élite de la Guardia Civil también se ha topado durante sus investigaciones con un objeto ya convertido en fetiche de las causas de corrupción: la caja de seguridad en una entidad bancaria. Como la caja fuerte casera pero alquilada en un banco. Concretamente, en la sucursal del BBVA ubicada en el número 9 de la plaza del Ayuntamiento de València, consistorio del que Rafael Rubio fue un conocido concejal socialista en la oposición entre 1996 y 2011. La UCO vincula el manejo de fondos en metálico de casi 200.000 euros con las 24 visitas a la caja fuerte alquilada a nombre del matrimonio entre 2007 y 2013.

En 19 de las 24 ocasiones en las que se registraron visitas a la caja de seguridad, los investigadores del Instituto Armado han detectado que “ese mismo día” o los “inmediatamente posteriores”, se efectuaron abonos en efectivo en cuentas bancarias compartidas por el matrimonio. Los ingresos en metálico, según los datos que maneja la UCO, van desde los apenas 50 hasta fajos de 13.000 euros, el importe más elevado.

“Tal y como se evidencia, en muchos de los casos, las visitas a la caja de seguridad coinciden temporalmente con el inicio de una secuencia de ingresos de efectivo en los productos bancarios titulados por el matrimonio”, explica el informe policial. Un fenómeno “especialmente visible” en periodos en que tanto los ingresos de efectivo como las visitas a la caja de seguridad era “menor”.

La mayor parte de los ingresos se produjo entre junio y diciembre de 2007. Además, la UCO considera “especialmente relevante” que la contratación de la caja de seguridad se firmara en una “fecha muy cercana” a los primeros ingresos en efectivo “que se consideran de interés”. Cuando el matrimonio canceló el alquiler de la caja de seguridad (el 5 de agosto de 2013), dejó de ingresar efectivo en sus cuentas.

La Guardia Civil también detalla las reuniones entre Rafael Rubio y Jaime Febrer, reseñadas en las agendas de este último. La primera fue una comida en el restaurante Berenice el 21 de septiembre de 2005, en compañía del abogado José Luis Vera, vinculado históricamente a los socialistas valencianos, y de José María Cataluña, responsable de Finanzas del PSPV-PSOE. Todos los comensales del ágape figuran como investigados en la causa.

El informe recuerda que, apenas unos días antes, el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de València había denunciado en una rueda de prensa un supuesto trato de favor del consistorio gobernado por Rita Barberá en las permutas de la 'operación colegios'. El diario Levante-EMV tituló: “Una promotora obtiene 763.000 euros al vender un solar municipal por el que pagó la mitad”.

El “cambio en la relación” de Rubio con el empresario

En las siguientes reuniones, a juicio policial, se produjo el “cambio en la relación” entre Febrer y Rubio, que mantienen numerosos encuentros hasta 2020. Una anotación manuscrita del empresario en esa primera época indica: “Posibilidad de llegar a acuerdo con PP, PSOE”. La mayoría de las reuniones se celebraron en la sede de la empresa de Febrer y trataban con la actividad de la sociedad y asuntos vinculados al Ayuntamiento de València, tales como proyectos urbanísticos en el Grao o en Patraix.

La UCO también reseña que uno de los regalos navideños de la empresa de Jaime Febrer (un colgante) habría ido a parar a la funcionaria E. P. S., auxiliar administrativa del grupo municipal socialista y secretara de Rubio. La mujer, en su declaración como testigo, negó conocer al empresario y haber recibido “ningún tipo de regalo”.

Los investigadores hallaron anotaciones manuscritas en el registro de la empresa que relacionarían “de forma directa” a Rafael Rubio con importes que presumiblemente serían comisiones ilícitas. El informe vincula las iniciales “R. R.” con el expolítico socialista y sospecha que Rubio habría cobrado supuestas mordidas por un importe que oscilaría entre los 300.000 y los 750.000 euros. La amplísima horquilla se explica, según una nota a pie de página del informe, por el hecho de que las iniciales “R. R.” aparecen vinculadas en las notas manuscritas de Febrer a “dos cuantías”. 300.000 y 450.000 euros.

Las dos fases del 'caso Azud'

La causa del 'caso Azud' se centró en una primera fase en las presuntas comisiones que habrían cobrado Alfonso Grau, vicealcalde de València en aquella época, y el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá.

Sin embargo, las agendas de Febrer implicaron, en una segunda fase de la instrucción, a cargos del PSPV-PSOE como Rafael Rubio o el extesorero José María Cataluña. Una de las piezas separadas del procedimiento investiga presuntos pagos en B de campañas electorales de los socialistas valencianos.