Desprotegidos e invisibles: los menores solicitantes de asilo pasan desapercibidos en Canarias

Pedir asilo en Canarias es una odisea. Si eres menor, migrante y sin familia, el proceso es aún más complejo. Muchos jóvenes con este perfil pasan desapercibidos para el sistema y el enjambre administrativo que enfrentan refuerza su vulnerabilidad. Así lo ha recogido el Defensor del Pueblo en su informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados, publicado en mayo. En una misión realizada en el Archipiélago, Acnur entrevistó a 574 menores acogidos en 36 centros. La mitad cumplía con los requisitos para pedir asilo. Aun así, el 69% no había obtenido ninguna información sobre el derecho a solicitar protección internacional. El 15% de los que sí la habían recibido alegó no haberla entendido.

Esta “infradetección” de niños y adolescentes que necesitan protección internacional se debe al “déficit de capacitación” por parte de los profesionales que trabajan en el sector, según la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Acnur también ha identificado lagunas y carencias en la evaluación del trauma infantil en los contextos migratorios, en la valoración del daño que han sufrido los menores en su periplo y del riesgo de retorno a sus países de origen.

En muchos casos, cuando los menores logran expresar su intención de pedir asilo, la fase de instrucción del procedimiento supera “con creces” los plazos establecidos, a pesar de que estos casos deberían tramitarse por la vía de urgencia. Lo mismo sucede con los jóvenes que solicitan ser reconocidos como apátridas. De las 2.084 peticiones que se formularon en 2024, se resolvieron 911, y aunque las solicitudes deben resolverse en un plazo no superior a tres meses, se superan “ampliamente” los tiempos.

De acuerdo con el estudio, también se han detectado casos en los que no se recoge el NIE de los menores solicitantes de asilo en el documento en el que manifiestan su voluntad de pedir protección. Esto ''agrava la situación de indefensión'' en la que se encuentran los niños, porque les impie identificarse ante las administraciones públicas o inscribirse en el padrón municipal.

Según recoge el informe, la Oficina de Asilo y Refugio está trabajando en un protocolo para tramitar las solicitudes de protección de los menores no acompañados, donde se recogerán indicaciones para detectar sus necesidades especiales y vulnerabilidades. Sin embargo, este documento no se extenderá a los menores que llegan acompañados de adultos. En este punto, el Defensor del Pueblo advierte que los niños que llegan acompañados de personas adultas en situación administrativa irregular, enfrentan una triple vulnerabilidad que los hace “invisibles”: menores, migrantes e indocumentados.

El análisis atribuye esta discriminación a la falta de un enfoque de infancia durante todo el procedimiento. “En el caso de los menores no acompañados, no se identifican sus necesidades de protección internacional al entender que están suficientemente protegidos por el sistema de protección de menores”, señala el texto. Pero en la práctica, no es así.

Acogida

Igual que sucede con la acogida de menores no acompañados, el sistema de acogida de personas solicitantes de asilo “se ha desarrollado como respuesta a coyunturas y necesidades concretas”, al margen de un “diseño previo estructural”. “En la práctica, sus capacidades no alcanzan más allá de la atención a las sucesivas emergencias”, advierte el Defensor del Pueblo. El colapso de los recursos previstos empuja a muchos jóvenes susceptibles de obtener este grado de protección a la precariedad o a la calle, subraya el informe.

Quienes sí logran entrar al sistema de acogida, se topan con la separación de familias y con la “inexistencia de recursos especializados en familias y en infancia con otras necesidades específicas”, como salud mental o discapacidad, según las quejas más frecuentes que se trasladan al Defensor.

Tras su visita a Canarias en julio de 2024, el Defensor del Pueblo recomendó a la Secretaría de Estado de Migraciones habilitar espacios en los recursos que dependen del Estado para los jóvenes mayores de 16 años solicitantes de asilo, para que reciban una atención más ajustada a sus necesidades de la que ahora se les puede ofrecer “en unos centros de protección de menores que se hallan saturados”.

El Tribunal Supremo requirió al Estado que se hiciera cargo de mil menores no acompañados acogidos hasta ahora en Canarias y solicitantes de asilo. El Alto Tribunal dio un plazo de diez días que no se ha cumplido, por lo que ahora ha dado un ultimátum al Gobierno de España, exigiendo que se tomen medidas como dotar de más personal y medios a las oficinas encargadas de resolver estos procedimientos y mejorar su colaboración con el Ejecutivo autonómico. Si no, la ley contempla la posibilidad de imponer multas o llevar a la vía penal a los responsables.

El Supremo ha concluido que el sistema estatal de acogida de solicitantes de protección internacional no ha sido puesto a disposición de los jóvenes acogidos en Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho” a él. Mientras tanto, los niños y adolescentes conviven hacinados en los centros de las islas, en condiciones “abiertamente incompatibles con el superior interés del menor que resulta obligado proteger”.

En una vista reciente, un representante del Gobierno central aseguró que se habían puesto medidas en marcha, pero también reconoció que no se había evaluado de forma individual a ninguno de los 1.221 jóvenes que están en las islas a la espera de una resolución.

Tras las visitas realizadas en 2024 a los recursos de acogida de Canarias, el Defensor planteó una serie de recomendaciones a los organismos competentes. El objetivo: mejorar la identificación de los menores solicitantes de protección internacional. Entre las medidas concretas que propuso estaba la elaboración de un protocolo que facilite la formalización de las solicitudes y la derivación de estos perfiles a recursos de acogida adaptados a sus necesidades.

En esta línea, el Defensor planteó replicar la experiencia de coordinación que se dio entre administraciones y entidades durante la llegada de refugiados ucranianos tras la invasión de Rusia. De este trabajo conjunto nacieron los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), “capaces de gestionar con eficacia la documentación, acogida y detección de necesidades específicas de una cifra muy alta de personas” llegadas desde Ucrania, a diferencia de lo que ocurre con los menores africanos que viven en Canarias.