STEPA insta a Azcón a ampliar el anuncio de estabilización de empleo en Sanidad al resto de trabajadores autonómicos

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado el anuncio de que el Gobierno de Aragón convocará una oferta de empleo extraordinaria para consolidar a casi 1.500 eventuales del Salud como una nueva muestra de la “caótica y nefasta” política laboral del Gobierno del PP en Aragón, que además suma una “grave discriminación” al aplicarse solo en Sanidad, y no en Administración General ni en Educación, donde la misma situación de trabajadores que cesan en su puesto al cumplir tres años con contratos temporales está socavando gravemente la prestación de los servicios públicos.

“Azcón, que siempre clama por la igualdad de los aragoneses ante otras comunidades, dentro de Aragón está creando tremendas desigualdades dentro de los trabajadores autonómicos. Primero no reconociendo a los interinos de larga duración los derechos que les otorga la legislación nacional y europea. Y ahora con el anuncio de que algunos van a consolidar su plaza y otros no”, ha señalado STEPA.

El sindicato, tercera fuerza en la Administración General de la DGA con CATA, ha recordado que ya denunció la situación existente en Sanidad y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la Oferta de Empleo Público de 2022 del Salud aprobada por el anterior Gobierno cuatripartito de Javier Lambán. “Se convocó por concurso de méritos (sin oposición) 705 plazas de estabilización, una cifra ”ridícula“ según el sindicato aragonés ya que suponía sólo el 5% de los puestos ocupados por interinos de larga duración”.

El pasado año, STEPA apoyó las movilizaciones de enfermeras y técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) para denunciar el millar de despidos ilegales de profesionales interinos de larga duración que se estaban produciendo en Aragón y las consecuencias que iban a tener para los ciudadanos, al romper equipos consolidados y mover al personal a puestos donde no tienen experiencia.

“El Gobierno de Aragón se ha dado cuenta ahora de esta situación, tarde y mal, pero los mismos argumentos que emplean ahora para justificar las plazas de estabilización en Sanidad deberían aplicarse al resto de trabajadores, dado que existen los mismos problemas en la Administración General y también en Educación”, ha subrayado STEPA.

Para STEPA, “una oferta de empleo público es un instrumento de planificación de los recursos humanos que cada año debe ser fruto del análisis y revisión de las necesidades de cada departamento de la Administración parapermitir una buena gestión de personal, con un mínimo de temporalidad, sin precariedad laboral ni puestos vacantes para poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía; en cambio, este Gobierno está haciendo todo lo contrario”.

El sindicato aragonés denuncia que el Ejecutivo de Azcón, como anteriormente el de Lambán, “aprueba ofertas de empleo sin base jurídica ni técnica, con el apoyo de algunos sindicatos cómplices de esta política, que está sirviendo para cesar cada día a personal con muchos años de experiencia, sobrecargar de trabajo a quienes permanecen en activo e incumplir con los ciudadanos, que ven toda clase de prestaciones retrasadas o directamente desatendidas por la falta de trabajadores”.

“Incumplimiento de la ley”

Igualmente, el sindicato ha recordado que la raíz de los graves problemas en la Administración autonómica está en el incumplimiento de la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, obligaba a sacar por concurso de méritos todas las plazas ocupadas por personal temporal con más de seis años de servicio.

De la plantilla total de trabajadores de la DGA -61.000 personas-, casi la mitad son interinos y casi un tercio –unos 17.000- se encuentran en abuso de temporalidad, al superar el límite legal de tres años con contratos temporales. La Ley aprobada hace cuatro años por el Gobierno central para impulsar su estabilización no se ha cumplido en Aragón. En la Administración General, con 11.500 trabajadores –de los que 5.700 son temporales- sólo se convocaron a concurso poco más de 300 plazas, ampliadas de manera insuficiente en la OEP de 2023, y que ni siquiera se han resuelto en el plazo que marcaba la Ley, 31 de diciembre de 2024. Además, la Administración autonómica podría hacer frente a indemnizaciones millonarias del personal temporal de larga duración injustamente despedido que ha recurrido estos ceses.

Todo ello hace que alcanzar el 8% de temporalidad establecido por el Estatuto de la Función Pública y exigido por la Unión Europea para conceder a España los fondos NextGeneration sea una quimera. La situación de Aragón es especialmente grave en comparación con otras comunidades autónomas, donde sí se ha estabilizado al grueso de la plantilla, y también con respecto a otras instituciones aragonesas, como el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por el contrario, el Gobierno de Aragón sí está cumpliendo con el punto de la ley que prohíbe los contratos temporales de más de tres años, lo que está provocando al mismo tiempo otra oleada de despidos, que agrava aún más la situación.

STEPA ha vuelto a defender que la Administración admita el error y proceda a una ampliación de plazas por concurso de méritos en toda la DGA “como único camino para ”evitar sanciones de la Comisión Europea por el incumplimiento de su normativa y para lograr un servicio público de calidad y eficiente, al facilitar estabilizar a los trabajadores y trabajadoras con más experiencia“.

“Seguir echando y contratando al mismo personal durante años, negándoles sus derechos laborales, está provocando que muchos abandonen el servicio público, lo que unido al envejecimiento de la plantilla hace peligrar el relevo generacional y la prestación de los servicios”, ha concluido el sindicato.