Universidad pública como ascensor social

Hablar de universidad pública es hablar de igualdad de oportunidades, de avance, de cultura, de libertad de pensamiento, de democracia, de espíritu crítico, de rebeldía y de aprendizaje en el sentido más amplio de la palabra. En definitiva, es hablar de personas libres, críticas y con plenas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional, con independencia de su realidad personal, social y económica.

La universidad pública nació con el objetivo de convertirse en el ascensor social que permitió a las hijas e hijos de familias trabajadoras llegar a ser profesionales de todos los sectores y hablarles de tú a tú a los hijos e hijas de quienes con su dinero estaban acostumbrados y acostumbradas a comprarlo todo para seguir perpetuando ese status quo en el que las clases poderosas eran siempre las que ganaban, las que decían cómo, cuándo y quién, dejando relegado a los trabajadores, trabajadoras y familias menos favorecidas a un papel seguidista más fácilmente manipulable.

Gracias a la universidad pública, después de la Transición, se abrió una puerta para todos y todas aquellas personas que no tenían derecho a opinar, de manera que pudieran pensar, disfrutar de la cultura y, sobre todo en el caso de las mujeres, dejar de creer que su única aspiración era convertirse en amas de casa.

El problema es que esos poderosos que estaban acostumbrados a estar por encima del bien y del mal han visto en estos años como la universidad pública se convertía en una amenaza para sus intereses y, en sintonía con sus políticas de desprestigio y deterioro de todo lo que suene a público e igualdad, han lanzado una ofensiva sibilina en la que muy poco a poco y sin prisa pero sin pausa, han ido mermando en los últimos treinta años una institución que nos igualaba en el aula y fuera de ella con quienes tenían el poder económico, buscando que deje de cumplir esa función tan fundamental para la sociedad.

Basta tirar de hemeroteca para ver cómo en el periodo 2019-2020 se descapitalizan las universidades públicas detrayéndoles más de 300 millones de euros de sus remanentes mientras se producía un importante superávit en el presupuesto andaluz. Al mismo tiempo y de manera progresiva, se crean y despliegan cinco nuevas universidades privadas con muy baja calidad

En el caso de Andalucía, la llegada del Partido Popular con su mayoría absoluta al Gobierno andaluz ha supuesto un declive sin precedentes de lo público y, en el caso que nos ocupa, de la universidad. Basta tirar de hemeroteca para ver cómo en el periodo 2019-2020 se descapitalizan las universidades públicas detrayéndoles más de 300 millones de euros de sus remanentes mientras se producía un importante superávit en el presupuesto andaluz. Al mismo tiempo y de manera progresiva, se crean y despliegan cinco nuevas universidades privadas con muy baja calidad, especialmente en materia de investigación, a las que se tiene que nutrir de alumnado y profesorado.

En 2023, el Ejecutivo andaluz impone un modelo de financiación sin dotación económica específica, cuyos compromisos no se han cumplido, especialmente en lo que se refiere a la cláusula de salvaguarda contemplada en dicho modelo.

En 2024 se incrementa la presión y la asfixia financiera a las universidades públicas para tratar de intervenirlas económicamente, como en el caso de la Universidad de Málaga, limitando su autonomía e imponiéndole ajustes en el capítulo de personal que está provocando que no se renueve la plantilla, que no exista promoción de su personal; así como la expulsión de profesorado formado con fondos públicos para nutrir el sistema privado.

No vamos a negar que la universidad pública necesita una profunda reforma tanto estructural como educativa; pero lo que también necesita es que el Gobierno andaluz deje de atacarla para favorecer a la privada y con ello intentar restaurar parte del status quo de los poderes económicos a los que se pliega

Finalmente, en 2025 se pretende provocar el colapso económico de otras universidades públicas que entren en déficit debido a los impagos e incumplimientos de los acuerdos en materia de personal y financieros del modelo de financiación para intervenirlas económicamente y dirigirlas desde el Gobierno andaluz, imponiendo ajustes de plantilla con la consiguiente expulsión de personal contratado y pérdida de calidad de la enseñanza, intentando la reducción de las plazas de oferta pública para alimentar de alumnado a las universidades privadas que empiezan a desplegar su mapa de titulaciones a partir del curso 2025-2026.  

No vamos a negar que la universidad pública necesita una profunda reforma tanto estructural como educativa; pero lo que también necesita es que el Gobierno andaluz deje de atacarla para favorecer a la privada y con ello intentar restaurar parte del status quo de los poderes económicos a los que se pliega. La universidad pública no puede perder el valor de hablar con libertad y decir la verdad y ambas cuestiones están hoy en día en riesgo bajo la amenaza de quienes buscan imponer de nuevo la desigualdad, debilitando el elemento neurálgico que es la universidad pública.

Desde CCOO vamos a seguir trabajando, movilizando y exigiendo más inversión y más apuesta por este ascensor social desde el convencimiento pleno de que el desmantelamiento de la universidad pública no es casual. Forma parte de un plan bien orquestado y diseñado por quienes nos prefieren ignorantes y útiles para sus intereses y, si tenemos algo claro, es que no vamos a permitir que lo consigan.