Andalucía recurre ante el Constitucional el reparto de menores migrantes por “falta de recursos” para atenderlos

El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado este miércoles a su Gabinete Jurídico a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto Ley que regula el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, alegando “invasión de competencias” del Estado, pero también “falta de recursos” para atender el cupo que corresponde a Andalucía, según los criterios que establece la norma.

Andalucía figura entre las comunidades que están por debajo de su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados, según la hoja de ruta presentada por el Ministerio de Juventud a los gobiernos regionales, en una reunión previa a la aprobación del decreto ley, que fue ratificado en el Congreso pese al voto en contra de PP y Vox. Ese documento estima que Andalucía tendría que crear 1.378 plazas más para llegar a la cifra que marca su capacidad ordinaria, aunque el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno niega esos datos y asegura que está muy por encima del margen de acogida que describe el Ministerio.

Andalucía se suma así al frente judicial de otras comunidades contra el decreto ley de reparto de menores migrantes, muchas gobernadas por el PP, pero también otras gestionadas por los socialistas, como Castilla La Mancha. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha sido muy dura con la normativa estatal para justificar el recurso de inconstitucionalidad, pero también ha querido dejar claro que, en tanto la norma esté en vigor, Andalucía “cumplirá” con ella y aceptará el cupo de menores migrantes que le corresponda.

España ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de “usar el drama de la inmigración para hacerle un favor a sus socios independentistas catalanes”. La distribución de los menores se hará desde Canarias y Ceuta, donde los gobiernos autonómicos han denunciado una situación de “saturación” y “hacinamiento”. La norma habla de “contingencia migratoria”, esto es, cuando un territorio triplica su capacidad de acogida ordinaria.

Al Ejecutivo de Moreno le indigna que en el reparto de menores migrantes previsto por la norma, Cataluña y Euskadi vayan a recibir un número muy inferior a otras comunidades, y lo atribuye a los “favores” del PSOE a sus socios independentistas catalanes y vascos. Cataluña y Euskadi, no obstante, cuentan con un número de plazas de acogida superior en proporción a la mayoría -4.600 y 1.500 respectivamente- y han acreditado la ampliación de esas plazas en los últimos años, algo que el decreto ley tiene en cuenta al calcular la distribución.

La portavoz de la Junta ha criticado que el Gobierno decidió dicho reparto de menores “sin diálogo y sin negociación” con las comunidades autónomas, que “al final somos las verdaderamente afectadas”. España ha señalado que “Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen”.

La consejera de Hacienda ha apuntado a la “falta de recursos económicos” e “invasión de competencias” por parte del Gobierno para justificar el enésimo recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Ejecutivo central, “apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía”.