La Junta urge a la Justicia a fijar un plazo firme para que el alcalde de Carboneras avance en el derribo de El Algarrobico

El Gobierno andaluz apunta ya abiertamente al alcalde de Carboneras por las maniobras “claramente dilatorias” de la demolición de El Algarrobico. El letrado de la Junta de Andalucía está pidiendo a los jueces que pongan un plazo estricto para dar el siguiente paso, y además reclama que lo multen y lo investiguen por un posible delito de desobediencia, a la vista de las excusas que opone para revisar y (eventualmente) anular la licencia de construcción otorgada a Azata del Sol en 2003, hace 22 años.

Por su parte, el Ayuntamiento gobernado por Salvador Hernández (Ciudadanos) insiste en que antes de iniciar cualquier expediente tiene que recabar un informe del secretario municipal y que es “malicioso” achacarle una voluntad de dilatar la ejecución de una sentencia dictada en 2018, firme desde 2021. También la promotora se opone a la pretensión de la Junta, alegando que la ley no contempla plazo alguno para ejecutar las sentencias y que el Consistorio es el único competente para ir dando pasos.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) amaga, pero no golpea al regidor por los retrasos en tramitar todo lo que afecta a El Algarrobico. Desde 2018, han pasado siete años desde la sentencia que obliga a revisar la licencia de obras, y cuatro desde que el Tribunal Supremo la confirmó. En paralelo, el TSJA había dictado en 2016 otra sentencia que obliga a declarar el suelo no urbanizable en el planeamiento municipal.

Ninguna de las dos sentencias ha sido ejecutada por el Ayuntamiento, donde sobrevuela el temor a una posible responsabilidad millonaria frente a la promotora. En este tiempo ha habido alcaldes del PSOE (José Luis Amérigo), PP (Felipe Cayuela) y Ciudadanos (Hernández). Este último, sostenido por cinco concejales del PP, declaró hace pocos meses que es partidario de negociar con la promotora y estudiar el posible uso de El Algarrobico como residencia de mayores u hotel.

Los ecologistas tienen claro que el Consistorio apenas disimula la nula voluntad de cumplir las resoluciones judiciales, y la Junta parece empezar a convencerse también de ello. De ahí que haya presentado un recurso frente a la última resolución del TSJA. El Gobierno andaluz quiere que los jueces fijen un “plazo perentorio” para cumplir “el deber de tramitar el procedimiento”, a la vista de que la actuación del Consistorio es “claramente dilatoria”, según el documento.  

Junta de Andalucía: “No hay margen de discrecionalidad”

El Gobierno andaluz quiere imprimir velocidad apuntando al alcalde, y recuerda que fueron los propios jueces quienes ya advirtieron de que lo multarían y darían traslado a Fiscalía si no iniciaba ya el expediente de revisión de licencia. Pasado el plazo, el Ayuntamiento no inició el expediente, pero el TSJA ignoró su propia advertencia y dictó una resolución el pasado 30 de abril conformándose con la nueva promesa del regidor, consistente en pedir un informe del secretario municipal sobre “legislación aplicable y procedimiento a seguir”. El TSJA lo dio por válido y tan solo le pidió que le informara cada diez días, un sistema que ya ha seguido en el pasado sin que haya servido para avanzar nada.

El letrado autonómico tiene claro que es una argucia, y que no es la primera. Tampoco es la primera vez que los jueces dan al alcalde un ultimátum que queda en nada aunque no se produzca ningún avance material. “Se trata de un escrito nuevamente dilatorio”, advierte, subrayando que lo que hay que hacer es evidente y no necesita ningún informe para aclararlo: “La revisión de oficio, en este caso, debe iniciarse y resolverse en ejecución de Sentencia con un pronunciamiento de anulación de la licencia, sin que pueda cuestionarse duda alguna al respecto, ni exista margen de discrecionalidad para la entidad local”. Una vez iniciado el expediente, habrá que consultar al Consejo Consultivo de Andalucía, explica el letrado.

La Junta afea a los magistrados que, nuevamente, toleren la inacción municipal sin ni siquiera dar un plazo “final y perentorio” para llegar a la nueva pantalla. Según el letrado autonómico, esto produce una “regresión” respecto a la situación anterior y el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 está hoy más lejos que hace un mes.

En su respuesta a esta andanada, el Consistorio se muestra entre sorprendido y ofendido por las sospechas. Asegura que ya ha recabado el nuevo informe y dice que achacar al alcalde una intención dilatoria es “malicioso”, ya que lo que estaría haciendo es “solicitar a la Secretaría los trámites obligatorios y necesarios”. Además, achaca a la Junta una responsabilidad en el posible retraso, por no destinar un secretario municipal a tiempo completo, con estabilidad y exclusividad. Según asegura, sólo hay una habilitada nacional que va un día a la semana. “Dicha situación ha conllevado inexorablemente que no haya existido una especial celeridad y eficacia temporal”, admite el Consistorio.

Por su parte, Azata también ha impugnado la intención de la Junta de que se fije un plazo perentorio y se remita el expediente al Consejo Consultivo. Dice la promotora que poner un ploazo sería ir más allá de lo que prevé la ley, y que es el Consistorio el que debe iniciar y tramitar la revisión de oficio, recabando informe del Consultivo cuando así lo estime necesario según su “autonomía y competencia”.

Sin avances en siete años

Frente a la vía expropiatoria abierta sorpresivamente por el Gobierno central el pasado febrero, el Ejecutivo andaluz mantiene que el único camino para acabar con la construcción ilegal es persistir en la ejecución de las dos sentencias dictadas hace años y atascadas en los tribunales. Sin embargo, en febrero rechazó apoyar la petición de Grerenpeace de que fueran los propios jueces quienes, a la vista de todos los retrasos, sustituyeran al Ayuntamiento revisando ellos mismos la licencia.

La ruidosa entrada del Gobierno central ha arrastrado el asunto al terreno de la confrontación política, abonada porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mandatado a María Jesús Montero, futura candidata a Presidenta de la Junta, quien se comprometió a que el derribo se hará en 2025, con un coste aproximado de siete millones de euros. Al contrario, el Gobierno de Moreno cree que la expropiación lo retrasará todo más aún, mientras que en el Ejecutivo Central razonan que hay que intentar nuevas vías tras veinte años de parálisis, y se amparan en dos informes de la Abogacía del Estado.

Las dos vías afrontan obstáculos propios: en la expropiación, la promotora ya ha presentado alegaciones a la declaración de utilidad pública, probable aviso de que llegará a los tribunales. Además, el Estado sólo puede expropiar unos 16.000 metros cuadrados, la mitad del total. La otra mitad tendría que expropiarla la Junta, que no parece por la labor. En la vía judicial ya abierta, preferida por la Junta, todo sigue empantanado, sujeto al perezoso ritmo (si es que es algo) que marca el municipio.

El Algarrobico, un edificio pensado para ser un macrohotel de 411 habitaciones y 21 plantas en primera línea de playa, fue paralizado en febrero de 2006 por orden judicial. Tras casi veinte años, hay medio centenar de resoluciones judiciales que ya han dejado claro que se sitúa en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y dentro del Parque Natural de Cabo de Gata.

Sin embargo, en el planeamiento municipal sigue siendo terreno urbanizable y la licencia que concedió en 2003 el consistorio (liderado por Cristóbal Fernández -PSOE) sigue vigente. Y ello, a pesar de que sendas sentencias obligan desde 2016 y 2018 (firmes desde 2018 y 2021, respectivamente) a reclasificar el suelo y a revisar la licencia.

El Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna de las dos de modo completo, y cuando parece que va a hacerlo siempre surge algún problema: falta secretario, falta arquitecto municipal, se hace de modo incompleto, hay un error, el Pleno cumple de forma incorrecta y hay que deshacer el camino… Ahora, faltaría un informe para revisar la licencia, mientras que para la reclasificación del suelo falta la inscripción en el Registro de Instrumentos Urbanísticos autonómico. En las últimas semanas, el Consistorio ha cambiado de abogado, fichando a un penalista que ha sustituido a Jorge Muñoz, un antiguo magistrado del TSJA, decisivo hace diez años para dictar una sentencia que embrolló todo el asunto, y luego contratado por el Ayuntamiento de Carboneras.

Los Ecologistas hace tiempo que denuncian que todo es una pantomima que convierte las sentencias en papel mojado y a la Justicia en un convidado de piedra, cuando no en cómplice, y han llevado el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.