Los 'falsos vigilantes' que protegen las villas de lujo de Ibiza: “Es intrusismo de manual”

Es junio de 2024 y un hombre acaba de acceder al jardín de una villa de la isla de Eivissa. El intruso, que se mueve en silencio por el exterior, se encuentra, de repente, con un trabajador de la vivienda y lo amenaza. Es un auxiliar de servicio que ejerce funciones de seguridad en el domicilio sin tener título habilitante para ello. Se oyen a continuación unos disparos. Poco después de proferir las amenazas, el individuo que se ha entrometido en la finca huye a toda velocidad del lugar. Pero la historia no se da por finalizada.

Los hechos llegan al conocimiento del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Eivissa, quien abre una investigación que hace temblar tanto a la empresa, como al contratante y también a los trabajadores: hasta cinco multas les pueden caer, en conjunto, por proteger la villa con empleados que no cuentan con la licencia necesaria. Una de ellas (a la compañía) que puede llegar a alcanzar los 600.000 euros. “Intrusismo de manual”, apunta Alfredo Rodríguez, jefe de la unidad territorial de seguridad privada en Balears de la Policía Nacional.

Esta mala práctica es una de las más graves y repetidas que supervisan y fiscalizan los agentes desde el cuerpo de seguridad: utilizar auxiliares en categoría de vigilantes cuando no tienen la formación necesaria. Además, el auxiliar no está contratado a través de ninguna empresa especializada, otro de los requisitos para poder operar con normalidad sin enfrentarse a sanciones. El caso del asalto en la villa también se cierra con una “parte de responsabilidad penal” de la que se tuvo que hacer cargo la Guardia Civil. “Luego hubo una parte de responsabilidad administrativa, por intrusismo, que corresponde a la Policía Nacional”, apunta Rodríguez.

La seguridad privada se ha convertido no en la muleta, sino en el mejor aliado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lejos de ser un servicio subordinado al que se otorga desde la Administración Pública, como años atrás, cobra ahora un protagonismo difícil de gestionar. El intrusismo en el sector, tanto en Balears como a nivel nacional (en el que hay más de 20.000 Tarjetas de Identidad Profesional –TIP– en vigor), está a la orden del día.

Más de 5.000 vigilantes, jefes y directores de seguridad conforman el grueso del sector en las islas y vigilan, día a día, joyerías, bancos, compro oro, estaciones de servicio, farmacias con dispensación 24 horas y despachos de loterías para evitar delitos. Se incluyen en este grupúsculo profesional los detectives privados del archipiélago –alrededor de una quincena– y que también están fiscalizados por la Policía. En paralelo, el instituto armado supervisa las actividades de los guardapescas y los guardas rurales, de su competencia.

Falta de personal por la crisis de vivienda

“No hay sector más controlado”, afirma Rodríguez, quien explica que todos los establecimientos mencionados están obligados por ley a tener unas medidas de seguridad mínimas. Unas medidas que, sin embargo, no se pueden afrontar ya desde el sector público, puesto que la demanda en el sector privado se ha incrementado demasiado en los últimos años.

En Eivissa en concreto, fluctúa con la temporada turística. “Luego está la problemática que hay en todos los sitios: la falta de personal, principalmente por el tema de la vivienda”, asegura el representante de la unidad territorial. La crisis habitacional se extiende a las empresas de seguridad, que han de traer vigilantes de la Península. La compañía, además, se ve obligada a hacerse cargo de encontrar casa para sus trabajadores.

Por su parte, la Policía Nacional no puede controlar todos los establecimientos que requieren de vigilancia, más teniendo en cuenta los problemas para destinar agentes de las fuerzas del Estado a las islas. Entre estos, se incluyen aeropuertos o las infraestructuras públicas, como las prisiones, donde la ley permite a los vigilantes privados hacer la ronda por los exteriores. Aunque ese trabajo antes sí lo hacían los policías o guardias civiles hoy es “inviable”. “Los agentes al final somos los que somos”, añade Rodríguez.

La Policía Nacional no puede controlar todos los establecimientos que requieren de vigilancia, más teniendo en cuenta los problemas para destinar agentes de las fuerzas del Estado a las islas

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Balears, Domingo Lamela, volvió a denunciar en enero la situación que viven muchos compañeros en las islas, especialmente en Eivissa. Lamela recordó que hay muchos guardias civiles compartiendo piso con cuatro o cinco personas o residiendo en furgonetas o autocaravanas, como informó Diario de Ibiza. El primer caso de la precariedad a la que se veían abocados algunos agentes destinados a las islas se hizo público en primavera de 2023, cuando la prensa local publicó que un guardia civil en prácticas se veía obligado a dormir en una furgoneta y a ducharse en el gimnasio.

El aumento de demanda de vigilancia corresponde principalmente al sector privado. Rodríguez señala, en ese sentido, que los cuerpos de seguridad están para proporcionar una protección pública de la ciudadanía y que no se trata de privatizar sus servicios, sino de utilizarlos como apoyo. Reconoce, eso sí, la importancia de compartir información público-privada, para lo que se ha creado la denominada 'Red Azul', donde se almacenan los datos obtenidos recabados tanto por vigilantes privados como por agentes.

Sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros

Un vigilante de seguridad tiene dos caminos para profesionalizarse: uno es a través de la convocatoria a la Policía en el Ministerio del Interior para obtener la TIP y la segunda vía es el certificado de profesionalidad. Además, en los últimos años han aparecido dos nuevas maneras de hacerse vigilante: el grado en Seguridad y el Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), de ámbito autonómico, que permite, por ejemplo, a un militar acreditar su experiencia en materia de seguridad para ejercer en el ámbito privado.

“Pero, para trabajar, el requisito fundamental es hacerlo a través de una empresa”, subraya Rodríguez. Las compañías tienen que cumplir en el ejercicio de sus funciones la Ley de Seguridad Privada. “Si no, la sanción al empleado se calcula a partir de 6.000 euros; a la empresa, de 30.000 a 600.000 y para el contratante, de 20.000 a 100.000”, añade. En casos muy extremos, las responsabilidades administrativas pueden suponer hasta el cierre de la empresa.

La vigilancia en las villas

De hecho, tanto en Palma como en Eivissa hubo problemas de contratación en las obras, que contaban con vigilantes no habilitados para desempeñar esos cargos de vigilancia de las construcciones. Por ese motivo, se terminó sancionando a numerosas empresas constructoras, así como a los trabajadores.

Respecto a la protección de villas de lujo, la Ley de Seguridad y el reglamento permiten que una urbanización pueda contratar a una empresa para que lleve a cabo un control de acceso con libertad siempre y cuando tenga un único representante, una única comunidad de vecinos y los viales sean privados.

Hay otro supuesto: si la vía es pública, no se puede, de ninguna manera, prohibir el acceso a ninguno de los paseantes que quiera acceder a la zona. “No puede ser que si a una urbanización se llega por un vial que llega hasta la playa se impida el paso”, afirma con contundencia Rodríguez. Está prohibido, de hecho, instalar cualquier tipo de barrera o cortar la calle con cualquier otro sistema. Tampoco se puede identificar a las personas que quieran transitar por ella. “Ni siquiera es una función que corresponda a un vigilante”, observa el jefe de unidad territorial. Por lo que esta práctica es motivo de infracción y de denuncia.

Sin embargo, es la situación que vivieron unas excursionistas el pasado mes de enero cuando pretendían llegar hasta Cala Llentrisca (Sant Josep) y un trabajador de un complejo de lujo quiso tomar nota de sus matrículas y, al principio, impedirles el paso. El Ayuntamiento ha confirmado a elDiario.es que se trata de una carretera pública, propiedad del Consistorio, que además llega a una playa de acceso libre.

Hay un tercer supuesto en que sí se puede identificar a los ciudadanos y es en un control de acceso legalmente establecido en una fábrica, en una ciudad nuclear u otras infraestructuras similares.

Los ayuntamientos e instituciones públicas cuentan cada vez más con vigilantes y empresas de seguridad para controlar el acceso y evitar la masificación de ciertos enclaves turísticos durante la temporada de verano para evitar congestiones de tráfico o desastres mayores. Es el caso de Caló des Moro, en Mallorca, donde el Ayuntamiento de Santanyí ha decidido en los últimos años poner vigilantes con el objetivo de controlar el aforo tanto en el aparcamiento como en la playa, una de las más populares de la isla. Una práctica muy distinta a impedir el paso a turistas a zonas naturales.

En Eivissa, el Consell coordina cada temporada, desde el año 2021, un servicio de detectives privados para combatir fiestas ilegales en villas o grandes mansiones, en las que se cobra entrada a turistas para ver a DJ's de renombre. El presupuesto municipal destinado a este grupo de vigilancia fue de 51.836 euros más IVA. El vicepresidente de la institución insular, Mariano Juan, afirmó que la medida se tomaba dado que los agentes de la Policía Local necesitaban refuerzos para detectar estas fiestas y poder sancionarlas, como publicó el Periódico de Ibiza. Todo esto, en un contexto de crisis de vivienda en que cada vez menos agentes eligen Balears como destino para desempeñar sus funciones.