La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que va más allá del 'tamaño' del Parlamento regional

Siete meses ha tardado en despejarse el camino, salvo nuevos obstáculos, a la proposición de ley para una nueva reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En este 2025 la norma fundamental de autogobierno de la comunidad autónoma cumple ya 43 años.

Tras la abrupta suspensión de la tramitación de una reforma que parecía encauzada en octubre del año pasado, este jueves PP y PSOE escenificaban un acuerdo para seguir adelante.

El escollo estaba en el ‘tamaño’ de las Cortes de Castilla-La Mancha. El PSOE propuso una horquilla entre 25 y 59 diputados y lo que parecía hace meses que iba a salir adelante con las bendiciones de ‘populares’ y socialistas - y el rechazo de Vox- terminó encallando.

Cuando llegó el turno de la presentación de enmiendas al texto original, teóricamente pactado entre los dos partidos (de hecho, el PSOE defiende que así ha sido durante más de año y medio de trabajo), llegó la sorpresa.

Entre las 116 enmiendas presentadas, 35 de Vox, 40 del PSOE y 40 del PP, llegó una inesperada. La enmienda 41 del partido que lidera Paco Núñez decía que el Parlamento no podía crecer más allá de los 35 diputados. Ahora tiene un total de 33 y el PSOE aspiraba a un tope de 59.

Castilla-La Mancha tiene el Parlamento más pequeño de España, junto a la Rioja, y está muy lejos de lo que hay en otros territorios como Euskadi que, con una población similar a la de Castilla-La Mancha, tiene 75 diputados.

Ha sido más de medio año de tensiones verbales entre PP y PSOE, con Vox como mero espectador porque siempre ha defendido que hay que suprimir las comunidades autónomas.

Se esperaba algún tipo de desenlace en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento este jueves y así ha ocurrido. La ‘fumata blanca’ que tardaba en llegar en el Vaticano para conocer el nombre del nuevo papa, se ha producido antes en las Cortes de Castilla-La Mancha.

La horquilla de diputados posibles en el Parlamento autonómico no será menor de 25 ni tampoco mayor de 55. Algo con lo que, en apariencia, ganan tanto PP como PSOE.

Los socialistas ganan porque consiguen seguir adelante con la reforma sin abandonar el consenso que viene proclamando como bandera el presidente regional Emiliano García-Page, frente a la criticada unilateralidad de su predecesora Dolores de Cospedal, cuando redujo el número de escaños en 2014 y lo hizo sin acuerdo político.

Los ‘populares’ también ganan porque rebajan, aunque sea por la mínima, el número tope de escaños. Y no solo eso. Esta reforma no se va a aplicar, vía modificación de la ley electoral, hasta después de las elecciones autonómicas de 2027, con lo que al menos en la primera parte de la próxima legislatura, el Parlamento seguirá igual, con 33 diputados. En esta cuestión, el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez ha avisado tras conocerse el acuerdo estatutario: “55 diputados es una barbaridad”.

Sería la cuarta reforma de calado desde 1982

De completarse la reforma, sería la cuarta de calado desde 1982, tras el intento frustrado que, en el año 2010, llevó al entonces presidente regional José María Barreda a retirar el texto propuesto.

Ese año, el Congreso de los Diputados, o más en concreto el PP, tumbaron la posibilidad de que el Estatuto castellanomanchego pudiera cambiarse a fondo y actualizarse. El intento de incluir en el texto legislativo la derogación del trasvase Tajo-Segura de forma expresa bloqueó una reforma que, en realidad, iba mucho más allá.

No fue hasta 2014 cuando la presidenta regional Dolores de Cospedal logró, gracias a su mayoría absoluta y en solitario, sin más apoyo parlamentario que el del PP, ejecutar una reforma que se ciñó exclusivamente a adelgazar las Cortes autonómicas, pasando de 47 diputados que tenían entonces a los 33 actuales, apelando a la necesidad de “austeridad”, aunque muchos lo interpretaran como una maniobra de ingeniería electoral para garantizar su continuidad al frente de la Presidencia de la Junta.

Era el tiempo de los “recortes” y los “hombres de negro”. Dos de las expresiones que más sonaban en aquella legislatura. Pasó el filtro del Congreso y el PSOE lo recurrió ante el Tribunal Constitucional que terminó avalando el cambio.

Frente al ruido sobre el tamaño del Parlamento, ¿qué más va a cambiar?

La Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha busca una vez más actualizar la norma fundamental de autogobierno de la Comunidad. Eso es mucho más que el hecho de si tiene que haber más o menos diputados, aunque de eso se ha hablado poco o nada en los últimos dos años.

El ruido político con el 'tamaño' del Parlamento castellanomanchego ha impedido explicar qué se cambia, por qué y para qué.

Por ejemplo, el nuevo Estatuto pone al día las competencias adquiridas en los últimos años y se abre a otras nuevas. Una de las más llamativas tiene que ver con el deseo de controlar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

Se habla también del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de las personas inmigrantes, explicitando que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con el Gobierno de España en todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Limitar los aforamientos

El Estatuto propone expresamente que la responsabilidad penal del presidente o presidenta de Castilla-La Mancha y de los miembros del Consejo de Gobierno será exigible ante los tribunales ordinarios.

Se clarifica la condición política de la ciudadanía castellanomanchega añadiendo de forma explícita que la ciudadanía de la Unión Europea y las personas extranjeras no comunitarias residentes “gozarán de los mismos derechos que la población castellanomanchega, con las limitaciones legales correspondientes”.

Las minorías étnicas, culturales, religiosas o de otra índole. Tienen derecho al respeto de su diversidad y a beneficiarse de políticas interculturales que contribuyan a su plena integración social y a su participación en los asuntos públicos

Se citan los derechos y libertades de diversos colectivos, como los de las minorías étnicas, culturales, religiosas o de otra índole. “Tienen derecho al respeto de su diversidad y a beneficiarse de políticas interculturales que contribuyan a su plena integración social y a su participación en los asuntos públicos”, dice el texto. En este aspecto el PP propone que se cite de forma expresa a la comunidad gitana.

Por otro lado, se blindan derechos económicos y sociales de la ciudadanía. “Derecho de acceso a una vivienda digna y a la implantación de medidas que aseguren su protección y disfrute, en especial para la juventud y los sectores sociales más desfavorecidos”, dice la propuesta.

Al Estatuto se lleva de forma expresa la manera en la que el Gobierno de Emiliano García-Page cree que debe articularse el nuevo modelo de financiación autonómica.  Se propone que “el gasto de inversión del Estado en Castilla-La Mancha garantice el equilibrio territorial, considerando prioritariamente la superficie del territorio e incorporando criterios de discriminación positiva para corregir desigualdades y combatir la despoblación”.

Que el gasto de inversión del Estado en Castilla-La Mancha garantice el equilibrio territorial, considerando prioritariamente la superficie del territorio e incorporando criterios de discriminación positiva para corregir desigualdades y combatir la despoblación

Además, se refuerza el mandato de los poderes públicos para promover la libertad e igualdad. En particular la “promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la violencia de género y a la consecución real y efectiva de la igualdad de trato y de oportunidades”.

Hay un guiño al desarrollo de las zonas rurales con infraestructuras, servicios públicos y fiscalidad adecuada. “Se garantizará la existencia de, al menos, una unidad educativa en todas las Entidades Locales donde residan cuatro o más alumnos”, dice el texto.

También propone que la Junta de Comunidades debe velar “por la protección del medio ambiente y por el uso sostenible de los recursos naturales”, entre otras además de adoptar medidas “para mitigar el cambio climático y sus consecuencias”.

La figura del decreto-ley y una Agencia Tributaria autonómica

Se adopta la figura del decreto-Ley para que el Consejo de Gobierno pueda dictar disposiciones con fuerza de ley “en casos de urgente y extraordinaria necesidad”. El Estatuto vigente solo prevé la delegación de potestad legislativa de las Cortes al Consejo de Gobierno en los términos de la Constitución.

“Se podrá crear la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha como organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, para la gestión, recaudación, liquidación e, inspección de los tributos propios y cedidos”, recoge también la propuesta.

También se busca blindar instituciones como el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social, el Defensor del Pueblo y el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno. Algunas fueron eliminadas durante el Gobierno de Dolores de Cospedal y hasta ahora no han sido recuperadas, como el Defensor del Pueblo castellanomanchego.

Se introduce la posibilidad legal de reconocer áreas metropolitanas y entidades locales autónomas (o entidades de ámbito inferior al municipio) mediante ley. También se reconoce la existencia de comunidades supramunicipales como ‘Villa y Tierra’, ‘el Señorío de Molina’, y las ‘Tierras de Talavera’ entre otras, y la posibilidad de constituir otras nuevas por ley.

El trámite del Congreso de los Diputados

Al nuevo texto del Estatuto de Autonomía castellanomanchego le queda todavía un largo camino. Esta semana el letrado mayor de las Cortes regionales, Nicolás Conde aventuraba durante un acto en Cuenca que, si había acuerdo con el número de diputados y diputadas, es previsible que pueda aprobarse a finales de este mes de mayo o principios de junio.

Antes del verano podría ser enviado al Congreso de los Diputados. Es el paso previo y obligatorio para que pueda tener vigencia legal. La duda está ahora en saber cuál es la posición que tomará el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja. E incluso si la posición socialista será proclive a lo que plantean sus compañeros castellanomanchegos.

Para aprobarlo en el Congreso basta con que PP y PSOE se pongan de acuerdo, aunque lo óptimo sería que saliera adelante con el mayor consenso parlamentario posible. En todo caso, es más que previsible la oposición de Vox vista la postura de sus representantes en Castilla-La Mancha y habrá que esperar para conocer cuál será la posición de otros partidos. Los representantes castellanomanchegos de Podemos, IU o Equo ya expresaron su disconformidad con el borrador del texto.

Sobre lo que decida Feijóo hay muchas incógnitas abiertas en un contexto político nacional cambiante que puede jugar a la contra para las aspiraciones de Castilla-La Mancha de modernizar su Estatuto. Y puede volver a encallar, aunque solo sea por puro azar temporal o por estrategias políticas ajenas a esta región.

Además, uno de los cambios que incluye el Estatuto tiene que ver con el agua: con lo que puede o no blindar la comunidad autónoma en cuanto a gestión y disponibilidad. Esta vez no tiene nada que ver con el trasvase (no de forma expresa) como se proponía en un intento anterior de reforma, allá por 2010.

Se establece el derecho “al uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo social, económico e industrial, agrícola y ganadero, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo que forme parte del ámbito de sus intereses”, dice el texto.

Uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo social, económico e industrial, agrícola y ganadero, así como para el sostenimiento medioambiental

Si hablamos de agua, se han rebajado expectativas en el texto legislativo respecto a lo que se buscaba hace 15 años, pero lo cierto es que el Partido Popular puede volver a jugar la carta del bloqueo en favor de otros barones del PP que sí gobiernan en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, las regiones destinatarias del agua del trasvase y siempre pendientes de cualquier movimiento en Castilla-La Mancha, en pleno proceso ahora para cambiar las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura.